José Ignacio Garcia, SJ
En nuestra última reunión de la Red de Incidencia Ignaciana de Ecología, noviembre de 2012, decidimos concentrarnos los próximos dos o tres años en el tema del agua. Por supuesto que cada centro implicado, y los que se puedan unir en el futuro, mantienen sus propias líneas de trabajo, pero el compromiso adquirido significa que todos intentaremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que la cuestión del agua (desde la sensibilización hasta la incidencia) entren en nuestra agenda. Somos conscientes de que nuestros contextos son muy diferentes y también la problemática a la que debemos hacer frente, en este tema del agua, es también muy diversa: desde fenómenos de escasez a la gestión de crisis por inundaciones; de la contaminación de acuíferos a la mercantilización del agua. Junto al objetivo de contribuir positivamente a tomar conciencia sobre la problemática en torno al agua está también nuestro interés por aprender a trabajar juntos como red, algo no sencillo.
Hoy queremos centrarnos en las implicaciones éticas que subyacen a las distintas situaciones en las que se hace necesario gestionar o decidir sobre el acceso, el consumo o la conservación del agua. Así la Fundación Nueva Cultura del Agua propone cuatro categorías para caracterizar una nueva “ética del agua,” nosotros hemos añadido una quinta.
• El agua-vida – en funciones de supervivencia de la humanidad y de los demás seres vivos, debe tener prioridad para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos, como un derecho humano, a cuotas básicas de agua potable. Forma parte de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para el 2015 (Objetivo 7, Meta 7.C) y se proponía reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Y aunque se han dado grandes avances, siendo uno de los objetivos que tiene mayor perspectiva de cumplimiento sigue habiendo importantes diferencias regionales en su implantación. Así África del Sur (60%) y Oceanía (50%) están lejos de lograr los objetivos. Igualmente la diferencia en el acceso al agua entre las zonas rurales y las urbanas es muy grande. De hecho el 80% de las personas que no tienen acceso a agua potable viven en zonas rurales.
• El agua-ciudadanía – en actividades de interés general, como los servicios de agua y saneamiento, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en el ámbito de los derechos ciudadanos, con sus correspondientes deberes ciudadanos. Mientras que el “agua-vida” estaría asegurada con el acceso a una fuente pública de agua en este nivel de “agua-ciudadanía” se quiere situar el abastecimiento, y el saneamiento, en el propio domicilio, en cada hogar. Se trata de unos servicios que hoy parecen necesarios para una gran mayoría, aunque en cierto sentido, van más allá del “agua vida.” En este nivel se pueden identificar unos costes de abastecimiento que se pueden individualizar según familias, en este caso la contribución al sistema debería considerar el consumo pero todavía más el nivel del renta del consumidor. Además el “agua ciudadanía” sitúa el agua como un “bien común” que debido a su carácter de crítico para la supervivencia y de múltiples usos no pueda ser considerado como una mercancía más.
• El agua-catástrofe – se refiere a todos los acontecimientos naturales como inundaciones o sequías en los que el agua se convierte en protagonista. Estos fenómenos, recurrentes en muchos lugares del planeta se han visto exacerbados por efecto del cambio climático. Huracanes, tifones, tormentas tropicales se hacen más intensos y frecuentes; las sequias amplían sus zonas de influencia y se hacen más persistentes. ¿Cómo preparar planes de prevención ante las catástrofes? ¿cómo reforzar la resilencia de las comunidades para adaptarse a nuevas situaciones climáticas o a recuperarse con más facilidad de las crisis? ¿cómo ayudar más y mejor a los más vulnerables en estas situaciones de emergencia? ¿cómo puede implicarse mejor la comunidad internacional para prevenir estos acontecimientos o ayudar a recuperarse una vez producidos? Todo ello exige de eficaz planificación y prevención pues cuando la crisis se produce la capacidad de reacción es siempre limitada.
• El agua-economía – en funciones productivas, más allá de los niveles de suficiencia para una vida digna. Esta es una enorme zona para el conflicto. Una vez asegurado el suministro de agua para el consumo humano todo el resto está abierto al debate. La construcción de grandes infraestructuras para el transporte o la producción eléctrica; el uso del agua en la agricultura (e indirectamente en la ganadería que se alimenta también de la producción agrícola); la escasez del agua-escasez aumentada por consumos desproporcionados e irresponsables-lleva a incorporar la lógica de mercado como reguladora de un bien escaso. El lucrativo negocio de las aguas embotelladas sería su apariencia más evidente. El agua-economía se debate entre la eficiencia de un mercado y la necesaria protección del bien común.
• El agua-delito – cuando el agua se convierte en el medio para actuaciones ilegales como vertidos de residuos, contaminación o extracciones ilícitas. Es necesario desarrollar sistemas legales que hagan frente a estas situaciones y disponer de sistemas administrativos y judiciales capaces de hacer que la ley se respete.
Si estos serían cinco ámbitos para el debate moral sobre el agua habría que añadir dos perspectivas necesarias para este análisis:
La primera se refiere a la gestión del agua. Inmersa en un debate entre la privatización o la desregulación, en el primer caso el estado conservaría la última responsabilidad aunque se encarge a empresas privadas de la gestión. No está claro que esta gestión privada termine siendo más eficiente como se suele argumentar. En el caso de la desregulación el estado da un paso atrás y retira la condición de bien común al agua para transformarlo en una mercancía más. Las implicaciones son fáciles de imaginar.
Una perspectiva más profunda detrás de todo este debate es la necesidad de que nuestras sociedades se impliquen cada vez en la supervisión y gestión de “lo común.” La gestión del agua es uno de los ejemplos más claros de esta necesidad de implicación de la sociedad civil, por ser un bien primario resulta muy evidente. La actual crisis está demostrando que el sistema bancario también debería estar sometido a mucho mayor control. En el caso de Europa es estimulante comprobar que cuando la sociedad es preguntada directamente ésta rechaza que el agua pueda ser privatizada, este es el caso del referendum celebrado en Italia en 2011 en el que un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, muchas cristianas, se unieron para rechazar la propuesta de privatización que buscaba el gobierno. Otro ejemplo muy interesante es que la primera iniciativa ciudadana europea, un sofisticado sistema de participación de la población de la UE (es necesario un determinado número de firmas repartido proporcionalmente en al menos 7 estados miembros) pues bien la primera iniciativa ciudadana aprobada (que está ahora en proceso de recogida de firmas) es precisamente la que se opone a la privatización del agua en el seno de la Unión Europea.
