El acaparamiento de tierras en Orissa, en la costa este de la India, comenzó en julio de 1991 después de su liberalización, hace ahora veinte años. Para entonces la compra de tierras, debido a la crisis de la deuda tras la primera Guerra del Golfo, había crecido considerablemente. La economía se había expandido y el sector privado quería acceso a nuevas superficies, por intereses y métodos diversos.
Se quería la tierra para la explotación minera o para los enormes pantanos del noreste, lo único en común es que se trataba de terrenos pertenecientes a grupos indígenas. Luego surgieron las llamadas zonas económicas especiales que se han convertido, en el fondo, en una enorme apropiación de tierra para su especulación inmobiliaria. La ley que establece las zonas económicas especiales exige que estas edifiquen para su actividad productiva, al menos, el 50% de sus terrenos y señala, también, que las empresas pueden adquirir un máximo de 5.000 hectáreas. Unas 347 zonas de este tipo han sido aprobadas hasta ahora. Pero la ley no dice nada sobre el otro 50% del terreno adquirido por estas empresas, y aquí es donde se abre la puerta a la especulación: campos de golf, hoteles de lujo u otras iniciativas no directamente orientadas a la producción industrial.
Lo que ha ocurrido en Orissa es que POSCO India Private Limited habla como una zona económica especial, y no como una industria. POSCO India Private Limited es una filial de Posco, el cuarto productor mundial de acero. En junio de 2005, el gobierno de Orissa firmó un acuerdo para instalar una planta de acero cerca de Paradip, distrito de Jagatsinghpur, con capacidad de producir 12 millones de toneladas de acero por año, y una inversión estimada de 12 mil millones de dólares. Para la primera fase, Posco construiría una planta con capacidad de fabricar cuatro millones de toneladas anuales, y posteriormente ampliar hasta los 12 millones de toneladas previstas.
A la población se le ha impedido el acceso a la tierra, y las personas se han resistido, alegando que no abandonarán su tierra. Esto está sucediendo cada vez más en más lugares. Hay tres grandes sectores acaparando tierra: la minería, las zonas económicas especiales y la construcción de infraestructuras, especialmente autopistas. No estoy seguro de que India necesite la construcción de autopistas de seis carriles cuando tenemos un buen sistema ferroviario que podría ser mejor aprovechado. Consume menos y causa menos polución. Pero las mayores inversiones se están realizando en el transporte privado, para coches, y ahí es dónde se orienta el beneficio.
Las comunidades tienen que reforzar su lucha, y lo están haciendo. No van a permitir que las compañías se apropien de su tierra, la gente está determinada a no perder la tierra. Su slogan es “estamos dispuestos a dar la vida, pero no la tierra”, porque sin la tierra, sin su tierra, desaparecerán como pueblo.
La tierra es su identidad, su economía, su cultura; y no tienen ningún otro recurso. Mucha es tierra comunal, sin títulos de propiedad de particulares. Pero la ley colonial de hace 150 años sigue vigente y sólo reconoce la propiedad individual. Por eso toda esta tierra comunal en la cual estas personas han vivido por más de mil años, antes incluso de que la ley colonial existiese, se considera que es propiedad estatal. Y, esta es la ironía, se establece que es un derecho de propiedad absoluto.
Vivo en el nordeste de India donde se ha planificado la construcción de 48 enormes pantanos para la producción hidroeléctrica. Y sin embargo esta región es una de las 25 más importantes áreas en biodiversidad del mundo. Al final son las condiciones de vida de las personas y el medioambiente los que pierden en este juego.
Hoy en día hay muchísima especulación sobre la producción de energía y no está bien organizado. Quieren convertir el nordeste en una enorme planta de producción eléctrica para el resto de la India y el sudeste asiático, que se convierta en una materia prima más para la exportación.
Hay mucha resistencia en muchos lugares. Pero en Orissa es diferente, son pequeños campesinos y grupos indígenas que lo perderían todo, tal y como se aplica el sistema legal de propiedad de la tierra. También hay mucha resistencia en Uttar Pradesh, en el norte, pero allí conseguirán algún tipo de compensación porque son grandes terratenientes, ¿pero qué le va a pasar al resto? A estos millares de pequeños productores.
La tierra comunal, en los pueblos, no pertenece a ningún particular concreto. Esto se ignora por completo, como se ignora que es su modo de vida pues son pequeños agricultores y que toda su vida está centrada en ese territorio. La nueva ley que se ha aprobado sólo habla de compensación. Pero, y nuevamente la ironía, la compensación la recibe el propietario y estas personas no son consideradas como propietarias. ¿Cómo gestionar esta tierra comunitaria que representa dos tercios del total frente a sólo un tercio que tiene título de propiedad?
Lo que la gente puede hacer es difundir el mensaje de que esto está ocurriendo. Que se conozca que es un acaparamiento fraudulento de tierra, un escándalo masivo, y que no se puede tolerar. Ellos van a resistir y no podemos descartar que se produzca alguna masacre. Porque, y esto es lo más lamentable, cada vez más están haciendo acto de presencia individuos vinculados con el crimen. El sector privado está muy implicado con grupos criminales y es imposible tratar con ellos. Aunque la población local lo está intentando, buscan el diálogo.
Los pobres son los que más sufren, son el 80% de los desplazados. He calculado que desde 1947, desde el año de nuestra independencia hasta 2004, es decir en 57 años, unos 60 millones de personas han perdido sus hogares. Y un 80% de ellos pertenece al grupo de los que no han recibido nada a cambio.
Por eso me sigo preguntando ¿desalojados en beneficio de quién? En otras palabras, vivimos una situación de colonialismo interno en la cual los pobres pagan el precio del desarrollo de una clase media, y la clase media se muestra arrogante y orgullosa. En esta economía consumista no se preocupan en absoluto del sufrimiento que causan a las clases más pobres. Y esto va de la mano del aumento de la delincuencia y del fundamentalismo, porque cuando las clases medias pierden su preocupación social este vacío lo ocupan los nuevos grupos religiosos fundamentalistas. Aunque nos sorprenda fundamentalismo, delincuencia y liberalismo van de la mano.
El Dr. Walter Fernandes es un sociólogo jesuita especializado en temas como indigenismo, género y condiciones de vida durante más de cuarenta años. Fue Director del Centro de Investigación Social del Noroeste en Guwahati, India y es un estudioso reconocido en cuestiones relacionadas con el desarrollo inducido por el desplazamiento. El pasado 19 de junio de 2011, Pedro Walpole entrevistó el Dr. Fernandes cuando se reunieron en Loyola.
