Sylvia Miclat y traducción por José Luis Gutierrez, SJ
El Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Filipinas, reconociendo la complejidad de las cuestiones y los múltiples puntos de vista que el desarrollo minero genera, ha publicado a principios de este mes “Un término medio en la Minería: puntos clave.” Como Coordinador de este apostolado Robert Rivera SJ, señala los temas de conversación que pueden “ayudar a guiar no sólo a las instituciones (jesuitas), sino también a la re-animación de los debates públicos y las respuestas a esta cuestión.”
Los puntos de discusión establecen sobre todo una serie de principios, basados en la Doctrina social Católica, para guiar a las personas cuando participan en los temas mineros. El documento del apostolado Social yuxtapone el debate minero en el marco de los principios éticos de la doctrina social católica: corresponsabilidad, principio de precaución, bien común, subsidiariedad, opción preferencial por los pobres, dignidad del trabajo, libertad de asociación y respeto por la vida humana.
En virtud del principio de corresponsabilidad, identificamos la salud del medio ambiente como una preocupación clave que “está en todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta la extracción, y debe prestar atención a la promoción de la ecología natural y humana.” Zonas prohibidas, evaluaciones de impacto medioambiental y social, vulnerabilidad a los desastres y mejores prácticas globales deben ser considerados en la decisión de controlar a la minería.
Al abordar los riesgos sanitarios y medioambientales, el principio de precaución es necesario cuando las informaciones científicas disponibles son insuficientes y las políticas que se deben aplicar son contradictorias,” basadas en una comparación de los riesgos y beneficios previsibles para las distintas alternativas posibles, incluida la decisión de no intervenir.” Con esto, el documento insta a todas las instituciones jesuitas a fortalecer la capacidad de recopilar y evaluar la información relevante que puede contribuir a los debates sobre la minería.
El bien común es exhortado y las citas de Juan Pablo II, que afirman que “el derecho al uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético y social” y que ‘el destino universal de los bienes’ debe ser conservado en el proceso minero, y la riqueza no puede convertirse en una ‘hipoteca social.’”
El principio de subsidiariedad insiste en que las actividades que las organizaciones pequeñas y subordinadas puedan hacer, es mejor que sean ellas quienes las realicen. También debe entenderse que debe aplicarse este principio atendiendo a las funciones y responsabilidades de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, las empresas mineras grandes y pequeñas, las comunidades afectadas por la minería y en especial los pueblos indígenas. Junto con otras partes interesadas, la subsidiariedad desafía a todos a la observación del Estado de Derecho y a evitar la corrupción.
La opción preferencial por los pobres implica el ajuste de los márgenes de ganancias e ingresos para asegurar que los beneficios de la minería transformen a las comunidades. La participación comunitaria en las operaciones mineras debe velar por el bienestar y la seguridad de las comunidades afectadas, y debe prestar una atención especial a los pueblos indígenas para que su integridad, sistemas y liderazgo no se destruyan a medida que respondan a los intereses mineros. La orientación y la asistencia a la pequeña minería debe encaminarse hacia una minería más responsable, y la rehabilitación de zonas mineras debe asegurarse que las comunidades más pobres puedan seguir viviendo.
La dignidad del trabajo debe garantizarse mediante el respeto y la protección de los derechos laborales en el lugar de trabajo. Las condiciones de trabajo degradantes y deshumanizante, así como las tareas peligrosas o la explotación de los menores no puede continuar. Las normas de seguridad y mejores condiciones de trabajo son imprescindibles. Igualmente, los derechos de los trabajadores a organizarse deben ser respetados.
La asociación en la sociedad civil y el diálogo de buena fe se entienden necesarios como “frenos a la explotación” y siempre son buenos y útiles. Al gobierno y a la industria minera se les pide que sean receptivos a las preocupaciones de la sociedad civil y se insta a institucionalizar espacios y mecanismos sociales donde el diálogo pueda tener lugar.
El respeto por la vida humana es el principio más básico de la enseñanza social católica. Las operaciones mineras deben aspirar a ello, y los derechos humanos y libertades deben estar garantizados.
El documento del apostolado social ha recibido la aprobación por el Padre Provincial Jose C Magadia, SJ a ha sido enviado a todos los socios del apostolado social y a las comunidades jesuitas, animando a todos a “estudiar y compartir el documento, y lo más importante, a utilizarlo para comprender y responder mejor a la cuestión de la minería.”
El documento del Apostolado social se puede encontrar en el siguiente enlace: http://jjcicsi.org/SJSA%20Talking%20Points%20on%20Mining.pdf.
Sylvia Miclat trabaja con el Centro Social de investigaciones medioambientales para el cambio social, centro de investigación de los Jesuitas en Filipinas. También forma parte de la red del Apostolado Social de los Jesuitas.
