Pedro Walpole, SJ
Filipinas ha sido recientemente aceptado como país candidato en la Iniciativa de Trasparencia en la Industria Extractiva (EITI en sus siglas en inglés), un programa mundial que desarrolla un conjunto de normas y procesos estándares que aseguran una mayor transparencia y gestión de los recursos minerales en el país. El tipo de proceso que impulsa la EITI asegura que lo que paga una compañía por una explotación es exactamente la misma cantidad que recibe el gobierno. Una tercera parte independiente es la encargada de revisar la conciliación de los pagos y hace pública toda la información, dentro de un proceso que es gestionado por el gobierno y en el que están involucradas activamente la industria y la sociedad civil.
La administración actual, a través del Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales (DENR en sus siglas en inglés), tiene la determinación de lograr el estatus de país que cumple todos los requisitos y convertirse en miembro de pleno cumplimiento y derecho en el año 2015. El Secretario de DENR, Ramón Paje, anunció el pasado 5 de junio de 2013 que pertenecer a la EITI es parte del proceso de reformas que se empezó a hacer en el sector minero con la firma por parte del presidente Aquino del Decreto Ley Nº 79 en julio de 2012 “Institucionalización e Implementación de Reformas en el Sector Minero en Filipinas, Proporcionando Políticas y Directrices para Asegurar la Protección Ambiental y la Responsabilidad en la Minería en la Utilización de Recursos Minerales.” Su implementación se inició dos meses después con la promulgación de una serie de regulaciones y decretos, y la Orden Sección 17 del DENR y el Consejo de Coordinación de la Industria Minera “para asegurar que se establecen los mecanismos necesarios para que empiece a operar la EITI en el sector minero en coordinación con la industria minera y otros actores involucrados.” La intención es mejorar la transparencia en este sector industrial y poder formar parte de la EITI.
La provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús desarrolló una serie de puntos de debate sobre la minería para ser discutidos tras la aprobación del Decreto Ley 79.
El proceso de la EITI responde a la desconfianza que prevalece en los sectores de la sociedad civil sobre la incapacidad del gobierno para controlar a las empresas mineras y poner en práctica y hacer cumplir las leyes. En particular, de cómo el gobierno usa los beneficios económicos generados por la explotación minera, que justifica la decisión de continuar la extracción de recursos minerales, y que son ahora abiertamente compartidos y presentados a la opinión pública de una manera transparente.
La EITI proporciona una comprensión teórica de la transparencia necesaria. Pero lo que es necesario entender es cómo se puede poner en práctica en el país, y qué métodos, trámites y respuestas por parte de los actores son precisos para que se haga todo de manera efectiva.
La EITI puede ser un paso adelante, pero hay todavía aspectos muy importantes que siguen sin ser abordados y que no pueden ser medidos, que todavía no se han conseguido solventar. Si no se puede determinar lo que ocurre en áreas restringidas para la explotación minera en Filipinas, no se puede auditar los movimientos de las compañías mineras dentro de estas áreas. La explotación minera en Filipinas es todavía una historia de destrucción; todavía acidifica el suelo y el agua, cuyos residuos todavía fluyen a través de los ecosistemas. La EITI en sí mismo no asegura a la población que no ocurrirán desastres con las nuevas minas.
Unirse al proceso de la EITI, y cumplir con sus requisitos para lograr el estatus de miembro de pleno cumplimiento en los próximos dos años es definitivamente un paso adelante. Sin embargo, todavía quedan preguntas sobre como el sector minero sigue procediendo en Filipinas en diferentes vertientes: cuestiones relacionadas con las minas preexistentes y como va a hacer el gobierno para rehabilitar estas áreas; cuestiones relacionadas con las minas artesanales y de pequeña escala en zonas ricas en oro que están yendo a parar a diversas manos y aún así continúan ocurriendo desastres, tanto por deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales, como por derrumbamientos de túneles en las minas; el uso de mercurio; la contratación de mano de obra infantil; y aunque está de momento en un estado latente, la aceptación ambiental y social del proyecto Tampakan, una explotación minera de notoriedad mundial programada para empezar a operar pronto.
La industria minera se compone de muchas corporaciones privadas, que no se hacen responsables de las operaciones privadas de las demás. Así que la industria minera, por una parte, es un sector económico regulado por la política y la oportunidad si bien no hay una auto-vigilancia o responsabilidad colectiva. Por otra parte, el sector minero se siente frustrado porque empresas mineras particulares son vistas con sospecha y “responsables” de anteriores prácticas comerciales que fueron erróneas, y de las que no tienen responsabilidad y que ahora siguen (esperamos) diferentes prácticas y mayores niveles de responsabilidad. Esto muestra que al final la sociedad tendrá que aceptar o rechazar cada inversión minera que surja, y por tanto tendrá la responsabilidad moral de luchar por aquello que no esté definido y buscar responsabilidades.
Es lamentable que el proceso de incorporación a la EITI se produzca al mismo tiempo que han acontecido dos desastres mineros recientemente en el país: la balsa de sedimentación de la mina de Padcal en el norte de Filipinas, y de nuevo otro derrumbe en la pequeña área minera en el valle de Compostela en la parte sur de Filipinas, la cual sería deseable barrer bajo la alfombra o sumergirla bajo el mar, aunque esto no sea posible. El hecho de que el Sr. Manuel Pangilinan, un respetado hombre de negocios, asumiera la dirección como un inversor a gran escala en la minería de Minas Philex, responsable de la mina Padcal en Benguet (provincia de La Montaña) generó la expectativa de que va a invertir sustancialmente para crear una minería responsable y efectiva. Un indicio de ello es que el desastre Padcal ocurrió en el inicio de su toma de posesión, sin embargo, se hizo cargo de la limpieza del mismo.
Cuando el Centro de Ciencias Medioambientales para el Cambio Social (ESSC) realizó hace una década junto con personal del Banco Mundial una revisión de la minería en Filipinas, se reconocía la importancia de la industria minera y la generación de riqueza, pero no se pudo identificar ningún enclave minero en todo el “trópico húmedo” que se pudiera considerar técnicamente seguro desde el punto de vista del medioambiente y la población.
Por un lado, la EITI es un paso adelante, pero todavía seguirán las viejas polémicas, porque en realidad, el problema de la minería en Filipinas no es simplemente una Ley de Minería o la auditoría económica de la actividad minera, sino el seguimiento de la gestión a pie de mina. Los desastres ocurrieron, y no fue por la Ley de Minería, sino que tuvo que ver con aspectos relacionados con la gestión de las minas en sus respectivos enclaves.
El primer aspecto importante a tener en cuenta es la planificación del costo de la gestión de las presas de los residuos mineros en relación a su producción, un aspecto que siempre ha sido insuficiente para resistir los fenómenos meteorológicos extremos que ocurren en las zonas tropicales húmedas. Esto es lo que ocurrió en estos desastres – falta de compromiso para realizar la inversión económica necesaria – precisamente un aspecto fundamental en el manejo temporal de las presas de residuos. Esto también incluye la continua expansión y desarrollo de estas presas sin la inspección adecuada que tenga en cuenta que es lo que van a almacenar, y la cantidad almacenada, habitualmente mucho más para lo que fueron originalmente diseñadas.
La otra limitación es sobre todo en temas de seguridad. Muchas de estas minas se desarrollaron en áreas donde el gobierno no proporciona servicios básicos porque son zonas controladas por los rebeldes. Las compañías mineras refuerzan la seguridad armada para garantizar la seguridad estableciendo acuerdos por los cuales estas compañías financian la militarización de la región a cambio de recibir la seguridad necesaria. Esto con lleva a la cuestión de la responsabilidad del ejército, que actúa como seguridad privada al servicio de las compañías mineras.
Otro problema relacionado, es que las nuevas áreas planeadas o prospectadas son en muchos casos áreas mineras a cielo abierto tradicionales, y la reivindicaciones de ocupación y propiedad de estas tierras sigue sin resolverse, como el caso de Diwalwal, un área minera surgida por la fiebre del oro en el sur de Filipinas desde la década de los años 70, y que continúa en condiciones como el salvaje oeste casi 40 años después.
El nuevo proyecto de la mina de cobre Tampakan, nombrado anteriormente, rigurosamente investigado y escrutado por ser una mina con una importancia que trasciende a Filipinas, está dividiendo a las comunidades. Esta escisión no tiene solución ya que por un lado hay quienes ven el proyecto como una promesa de desarrollo económico y social, mientras que otros quieren mantener la explotación tal como está actualmente sin considerar la eliminación radical del paisaje de montaña que está ocurriendo en la actualidad. Se trata de una explotación de 50 años y fuente de una enorme generación de riqueza, pero la distribución de la riqueza no está garantizada y ¿y qué pasará con la pérdida de agua y agricultura para las generaciones futuras?
La EITI es un paso adelante pero es necesario mantener la cautela. Lo que indica es que el país necesita un mayor control internacional porque el gobierno nacional tal vez no pueda controlar de manera efectiva un proyecto minero como el de las proporciones de Tampakan. Sencillamente no tiene capacidad para ello. Se necesita un control internacional, y no confiar en un autocontrol de unas empresas que no responden de las responsabilidades de las demás.
Un problema añadido en todo este proceso es el ejemplo de Canadá, que no aplica el mismo marco legal de responsabilidades a sus empresas cuando operan en otros países. De este modo, si no se obtiene apoyo en este aspecto, Filipinas no tendrá los mismos derechos legales de los existentes en los países de origen de las compañías mineras (como es el caso de Canadá y las compañías mineras canadienses). Existe una consideración moral en todo este asunto. Si los derechos canadienses no nos cubren, pero estamos recibiendo apoyo financiero y asistencia técnica de Canadá, ¿qué clase de permisos está concediendo Filipinas? Y es donde la Ley de Minería falla, si el país no puede tener acceso al sistema legal de otras naciones acerca del control de estas corporaciones.
En la República Democrática del Congo el gobierno no interviene en las zonas mineras. En Filipinas la situación no es igual, aunque el gobierno no puede garantizar los servicios básicos necesarios. El mito de que las compañías mineras deberían proporcionar estos servicios es totalmente inaceptable ya que no pueden sustituir al gobierno como garante de los mismos. Esta lógica está a un paso del actual debate en China acerca de industrializar primero y después atender los servicios sociales. Garantizar los servicios sociales no es responsabilidad de una empresa minera, de lo contrario se convertiría en un micro-estado.
La EITI tiene un gran valor a nivel mundial, pero unas siglas no significan mucho para la población local, quienes tendrán que elegir entre aceptar el dinero y marcharse o permanecer para defender sus tierras. Esto es lo que crea división en la población y en la economía, y todavía no hay ningún proceso dentro de la sociedad filipina que responda plenamente a estas necesidades de la población local.
