Kwinja Nako Muhaya
La resolución de los conflictos armados, la democratización y la evolución económica, social e institucional de los denominados países en vías de desarrollo – aunque ricos en materias primas – no sólo es un tema importante en sí mismo en términos de desarrollo de éstos, sino que también está relacionado con las políticas de los países desarrollados, por ejemplo, en lo concerniente al suministro energético y de recursos naturales que precisan.
Paradójicamente los países más pobres del mundo son los más ricos en recursos naturales. Los gobiernos de estos países, con los enormes ingresos que reciben de las industrias extractivas que explotan dichos recursos naturales, podían tener la posibilidad de sacar a sus poblaciones de la pobreza. Las guerras relacionadas con su explotación, el fracaso económico y la mala gobernanza, con todo lo que ello conlleva, son el caldo de cultivo de la “maldición de los recursos naturales” en los países del Sur. En este contexto, la corrupción es más fácil, lo que aumenta la opacidad de las transacciones financieras de las industrias que los explotan.
La transparencia de las industrias extractivas ha tenido un gran impulso a raíz de las iniciativas Revenue Watch Institute y Publiquen Lo Que Pagan, ambas surgidas a partir de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, sus iniciales en inglés), que tiene como objetivo poner fin a pagos secretos realizados por este sector a gobiernos de países en vías de desarrollo.
Terminar con la opacidad en este ámbito permitirá luchar contra la evasión fiscal, la corrupción, la malversación de fondos públicos y, por ende, reducir la pobreza en estos países en vías de desarrollo pero con grandes recursos naturales. Alcanzar la transparencia de este sector no es la única solución a los desafíos a los que se enfrentan los países exportadores de materias primas, pero es una de las herramientas más factibles para apoyar la estabilidad democrática y el desarrollo económico de estos países.
Bajo la influencia de la iniciativa Publiquen lo que Pagan e inspirada por la ley estadounidense Dodd-Frank de la Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor sobre la reforma del sector financiero, adoptada en 2010, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han llegado por fin, el 9 de abril de 2013, a un acuerdo de principios para legislar sobre la transparencia de las industrias extractivas europeas de petróleo, gas y maderas (extracción forestal) que operan en los llamados países en vías de desarrollo. Por un lado, es un gran paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero por otro, solo supone un pequeño paso en el de la evasión de impuestos. El acuerdo dará lugar, en los próximos meses, a una Directiva Europea para que las empresas europeas publiquen todos los pagos superiores a €100,000 realizados a los gobiernos de los países en los que operan.
Divulgar estos pagos es importante, pero no suficiente. Según lo sugerido por European Network on Debt and Development (Eurodad), si la legislación de la UE obligara a las empresas a revelar más información contextual, tal como la producción, el personal, las ventas, las ganancias/pérdidas y los activos, esta información adicional podría apoyar a las autoridades de una manera más efectiva a frenar la evasión fiscal. Además, el efecto de la Directiva de la UE podría ser significativamente más efectivo si el nivel de transparencia se aplicara a todos los contratos y subastas que se establecen entre las empresas europeas que explotan las materias primas y los países receptores. Según un artículo titulado De la maldición a la bendición de los recursos naturales publicado en agosto de 2012 por el premio nobel en Economía Joseph E. Stiglitz, estos contratos deberían estipular que, en caso de aumentar los precios en el mercado de las materias extraídas, los beneficios no fueran sólo para la empresa que las explotan, sino que las condiciones económicas de explotación deberían ser renegociadas igualmente con los países de acogida.
Aunque la legislación europea va más allá de la Ley Dodd-Frank, añadiendo el sector forestal a la normativa de la UE, así como las empresas que no figuran en el mercado de valores, aún queda mucho por hacer si se quiere crear un instrumento eficaz contra la evasión fiscal y la lucha contra la corrupción. La Unión Europea podría ser mucho más exigente si se extendiera la obligación de revelar información pertinente a otros sectores que intervienen en esta actividad económica y en las que también existe corrupción. Por ejemplo, se excluye del acuerdo de principios adoptado la obligación de divulgar los pagos realizados por los sectores del transporte y de las exportaciones. Sin embargo, en Europa el suministro de energía depende de estos sectores. De este modo, los ingresos procedentes del transporte de fuentes energéticas, como el gas natural y el petróleo, y los pagos relacionados con la seguridad de las empresas extractivas a los gobiernos, están sujetos al riesgo de una mala gestión y de corrupción. Por tanto, sería necesario que se incluyeran estos sectores igualmente en la legislación que se está elaborando.
Lo mismo ocurre con ciertos sectores de servicios como la construcción, las telecomunicaciones y la banca. Si bien inicialmente se aprobó incluir estos servicios en 2012 por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, fueron finalmente excluidos de la legislación europea aprobada. Sabiendo que el sector de las telecomunicaciones utiliza principalmente estaño, tantalio y tungsteno, que son de los principales minerales de conflicto, y que este sector sigue siendo particularmente opaco, es lamentable que la Directiva Europea no incluyera a las empresas del sector para luchar eficientemente contra la corrupción y la evasión fiscal.
Por otra parte, mientras que en la legislación de EE.UU. la cantidad mínima requerida para que sea pública es de US$100,000, el equivalente a unos €80,000, en la futura legislación europea se ha propuesto que esta cantidad sea de €100,000. Esta cantidad tampoco va a resultar efectiva para controlar las malas prácticas. Según Publiquen lo que Pagan la cantidad mínima debe fijarse de acuerdo con el nivel de vida existente en los países donde están los gobiernos nacionales y locales de turno. Los umbrales deben tener en cuenta cantidades relativamente pequeñas, que a menudo son significativas para los presupuestos de las autoridades locales. Por eso la propuesta de esta ONG es que la cantidad mínima sea €15,000. “Esta cifra es congruente con la utilizada por la bolsa de Londres, que es de £10,000. La cantidad mínima requerida, tanto en Europa como en América, que se considera lo suficientemente baja como para detectar cualquier pago anómalo, significa sin embargo una cantidad muy alta en cualquier país del Sur.
La futura Directiva Europea sobre la transparencia en las industrias extractivas se basa en la Ley Dodd-Frank sobre la reforma del sector financiero, pero es insuficiente en términos de transparencia, ya que la cantidad mínima requerida a partir de la cual tenga que declararse el pago es muy alta. La publicación de los pagos es fundamental, pero no es suficiente para garantizar que las empresas abonan unos impuestos equitativos, acorde con sus volúmenes de negocio. Es imprescindible que la obligación de transparencia se amplíe a otros sectores y exigir más información para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y desfalcos que han desfavorecido a los gobiernos en el Sur (ricos en materias primas) de medios esenciales de todo tipo para luchar contra la pobreza.
Kwinja Nako Muhaya trabaja con el Jesuit European Social Centre en Bruselas, Bélgica.
