Justin Glyn, SJ
El papel de la minería en Australia es complejo. Australia Occidental, en particular, es rica en mineral de hierro, mientras que hay importantes yacimientos de gas natural, oro, carbón, uranio, plomo y zinc dispersos por todo el país.
La minería y la exportación de estos minerales son extremadamente lucrativos. Según la Oficina de Estadísticas de Australia, la minería creció hasta casi suponer el 10% del producto interior bruto, doblando su contribución en el periodo 2003 y 2008.
Es una opinión compartida que la industria minera está permitiendo a Australia mantener su economía en superávit, mientras que economías similares como las de Europa o América del Norte tienen que adoptar medidas de austeridad cada vez más estrictas para contrarrestar las consecuencias del derrumbe del sector bancario en 2008.
También la minería ha generado muchos ricos. Australia acoge la mujer más rica del mundo, Gina Rinehart, quien está tratando de ampliar sus intereses mineros para extender sus propiedades en medios de comunicación, igualmente magnates mineros como Clive Palmer y Andrew Forrest han gastado millones en causas filantrópicas.
Este estatus de ser uno de los pilares de la economía tiene también sus desventajas. Así, los dos principales partidos políticos se han convertido en rehenes de la industria minera y temen el poder de la publicidad que su dinero puede comprar (aunque en Australia es necesario informar de las donaciones a partidos políticos, en general, no está limitada su cuantía). Dos breves ejemplos demuestran el problema.
El gobierno laborista anterior (durante el mandato de su antiguo líder, Kevin Rudd) anunció un plan para reformar el obsoleto sistema de concesiones mineras que permitía, por ley, el acceso libre de impuestos a lo que realmente son activos del Estado. Según informó el periódico de Fairfax el Sydney Herald, con datos de la Comisión Electoral Australiana, las empresas mineras gastaron 22 millones de dólares australianos en una campaña contra el nuevo impuesto hasta que Rudd tuvo que abandonar el Partido Laborista.
Después de su sustitución por el actual Primer Ministro (Laborista), Julia Gillard, el impuesto a la minería fue reconsiderado. Ella entró en negociaciones con tres de las principales empresas mineras (BHP Billiton, Xstrata y Rio Tinto) para limitar el impuesto y reducir su impacto en las astronómicas ganancias de las empresas mineras. Si bien el Gobierno se negó a revelar detalles de los ingresos recaudados por el impuesto, hay movimientos actualmente en el Parlamento para obligar a que lo haga: el periódico de Rupert Murdoch, el Australian, entre otros afirma que ninguna de las tres empresas mineras que negociaron el impuesto con el Gobierno han pagado nada en los tres primeros meses de funcionamiento.
La coalición opositora (Liberal-Nacional), por otra lado, es ahora la principal receptora de donaciones de las empresas mineras, habiendo recibido un poco más de 3 millones de dólares australianos en el período 2010-2011, de acuerdo igualmente con cifras de la Comisión Electoral Australiana. La Coalición se comprometió a derogar el impuesto a la minería, incluso en su actual forma de impuesto reducido. Además su líder, Tony Abbott, después de haber hablado previamente en favor de un impuesto sobre el carbono, también se comprometió a abolir el impuesto sobre el carbono, que había sido aprobado por el gobierno laborista como precio por el apoyo de su socio menor de la coalición, los Verdes.
Todo esto, como es lógico, tiene implicaciones en el ámbito socio-ambiental. La Ley Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de 2012, que permite el vertido de residuos radiactivos (incluidos los importados desde el extranjero) limita la capacidad de las partes afectadas para impugnar la decisión del Ministro de designar un lugar como vertedero. Por eso hay ahora mismo un caso ante los tribunales, la designación de un lugar como vertedero de desechos radiactivos en la zona de Muckaty (tierras de dominio absoluto de los aborígenes en el Territorio del Norte). Porque aunque la minería crea puestos de trabajo para los pueblos indígenas de la zona hay denuncias por el aumento de las tasas de cáncer en personas que viven cerca de las minas de uranio.
Las respuestas gubernamentales a la contaminación minera han sido también objeto de críticas. Una investigación del Sunday Times, en 2012, afirma que las autoridades de Australia Occidental no han investigado los peligrosos niveles de contaminación por arsénico, cianuro, mercurio y azufre en ese estado. Mientras tanto, en Mount Isa en Queensland, donde la empresa Xstrata explota una mina de plomo, una investigación médica* en 2010 dirigida por el profesor Mark Taylor de la Universidad Macquarie descubrió que:
“11.3% de los niños de edades comprendidas entre 1-4 años en Mount Isa (n = 400) tienen niveles de plomo en la sangre superiores a 10 μg/dL. Los resultados de este estudio revelaron claramente no sólo que los enfoques de gestión son inadecuados en Mount Isa [porque proponen una prevención secundaria más que una primaria], sino que la evidencia que ha ido apareciendo pone en cuestión los parámetros nacionales de los niveles máximos aceptables de exposición al plomo (10 μg/dL), estos parámetros excederían entre 5 a 8 μg/dL los límites más convenientes. Este último punto es importante ya que un 40% de los niños menores de 5 años de Mount Isa tienen niveles de plomo en sangre superiores a 6 μg/dL.”
Es significativo que el informe atribuye estos niveles directamente a la minería. El gubernamental Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica sigue manteniendo que el actual nivel de 10 μg/dL es apropiado como un nivel al que se debe investigar la exposición al plomo, pero es un parámetro que está actualmente en revisión.
Por otra parte, el lobby minero está compitiendo cada vez más con otra de las características importantes de la vida australiana: la agricultura. El fracturamiento hidráulico o “fracking” de la roca para extraer el gas natural es un hecho particularmente controvertido, provocando la competencia entre agricultores y empresas mineras por el acaparamiento de la tierra además de que el proceso de extracción supone riesgos por la contaminación de la capa freática y un mayor riesgo de actividad sísmica.
En esta rápida presentación he querido mostrar que la minería es una valiosa fuente de riqueza para Australia, pero sus beneficios socio-ecológicos son mucho más complejos. El gran poder de la industria minera supone, sin embargo, que es necesario un sereno e informado diálogo sobre estas cuestiones, especialmente a nivel del gobierno, algo que todavía no se ha producido.
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*La descripción completa de la Mount Isa contaminante investigación estudio (pdf) puede descargarse desde el sitio del profesor Mark Taylor, ciencias ambientales, Departamento de medio ambiente y geografía, Universidad Macquarie.
Justin Glyn, SJ es un tercer jesuita del año teología escolástica que estudia y filosofía en Melbourne. Antes practicó la ley en Sudáfrica y Nueva Zelanda y completó PhD en derecho internacional y derecho administrativo en 2008 y se puede alcanzar por su correo electrónico: Justin(at)jtc.edu.au.
En el post anterior, donde pone veracidad debería poner voracidad.
¿Diálogo sereno?
La veracidad de estas corporaciones no conoce límites. Saben perfectamente lo que hacen. Solo un posicionamiento social masivo terminará con esas acciones prepotentes. Así pues, tal como yo lo veo, el problema no está en cómo llegar a un arreglo con ellos, sino en como crear una conciencia social que no sea meramente testimonial. Esta gente sabe muy bien donde poner su dinero. Las llamadas donaciones a partidos ONGs etc no son sino inversiones bien calculadas. Cuando ven que alguien se opone de frente y les puede hacer perder un solo dolar (“Monsanto dixit”) se acaban las donaciones y comienzan otras actividades menos virtuosas.
Saludos