Valeria Méndez de Vigo
¿Cómo está afectando la pandemia de la COVID-19 a las migraciones forzosas, la educación, el medio ambiente y la ecología, a las personas y comunidades más vulnerables?
Convocados por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, los líderes de las Redes Globales de Incidencia Ignaciana (GIAN por sus siglas en inglés) sobre derecho a la educación, migraciones, ecología, y justicia en minería se reunieron virtualmente y hablaron, entre otras cuestiones, de los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Estas redes de incidencia globales fueron establecidas siguiendo la 35ª Congregación General, que puso énfasis en los desafíos globales, que exigen a la Compañía de Jesús “actuar como un cuerpo universal con una misión universal.”
La compañía de Jesús trabaja en todo el mundo con migrantes forzosos desde hace muchos años. Su situación se ha agravado con la COVID-19. El líder de la GIAN-Migración, Javier Cortegoso, que coordina la Red Jesuita a Migrantes en América Latina, denuncia la situación de los centros de detención en diversos lugares del mundo, en los que el hacinamiento y las deplorables condiciones imposibilitan las medidas para evitar el contagio; el aprovechamiento de muchos gobiernos de la situación para continuar las deportaciones de personas migrantes sin garantías respecto a su salud; el abandono de las personas en tránsito y en frontera, la limitación de su acceso a los sistemas de salud, y el incremento en el rechazo y la xenofobia hacia las personas migrantes, a las que en demasiadas ocasiones se acusa falsamente de propagar el virus. Estas situaciones y las recomendaciones se explican en el posicion amiento de la GIAN-Migración. De cara al futuro próximo, un motivo de preocupación es la precariedad económica de las personas migrantes debido al confinamiento, puesto que están en la economía informal y deben ganarse el sustento diario. Esto, además, perjudica gravemente a numerosas familias y comunidades de muchos países ya en situación de pobreza, debido al acentuado descenso en las remesas que los migrantes enviaban a sus países de origen.
Los niños y niñas migrantes – como también aquellos que viven en pobreza y exclusión, en zonas rurales remotas, las niñas, los niños y niñas indígenas, o aquellos con necesidades especiales – sufren de manera aguda las consecuencias del cierre de colegios en 193 países del mundo. El coordinador de la GIAN-Derecho a la Educación, Carlos Fritzen, quien coordina la Federación Internacional de Fe y Alegría, señala la vulneración del derecho a la educación de estos niños y niñas y la situación de creciente vulnerabilidad- “de hambre”- de sus familias y comunidades, en la mayoría de los casos, jornaleros diarios. Aunque las organizaciones que aglutinan la red han tratado de adaptarse a través de la educación virtual y por radio en la etapa de confinamiento, esta alternativa presenta enormes retos, como la carencia de material pedagógico o la brecha digital, que hacen que gran parte de estos niños y niñas queden fuera del sistema. Considera relevante “repensar” la educación e influir en las políticas públicas para quelos gobiernos adopten medidas que protejan a los sectores más vulnerables e inviertan fuertemente en educación.
Uno de los motivos por los que en el futuro se producirá cada vez más migraciones es el deterioro del medio ambiente. Pedro Walpole SJ vive en Filipinas desde hace más de 40 años y desde allí coordina la GIAN-Ecología, (Ecojesuit). Insiste con vehemencia en que, en los próximos años, las temperaturas alcanzarán máximos y que la escasez de agua será un problema cada vez mayor. También en que la continua violación de los límites planetarios, en particular la destrucción de hábitats y la pérdida de biodiversidad por los desastrosos cambios de uso de la tierra desde el Amazonashasta Australia, ha hecho que la COVID-19 y las futuras pandemias sean inevitables. COVID-19 se entiende ahora como parte de una crisis ecológica más amplia de cambio de uso de la tierra y cambio climático que abarca los sistemas sociales, sanitarios, empresariales y, cada vez más, fiscales y políticos.
La GIAN-Justicia en Minería aglutina a los centros sociales jesuitas y organizaciones jesuitas que trabajan acompañando a comunidades afectadas por la minería en distintas regiones de Latinoamérica, África y Asia, abordando el debate público sobre el modelo de desarrollo que en muchas ocasiones genera dichos impactos. Su coordinador, Guillermo Otanode ALBOAN, señala que el alcance mundial de la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de muchas de las comunidades que viven en la pobreza, a pesar de habitar territorios ricos en bienes naturales, y sufren de una falta de acceso estructural a servicios de educación, salud y otras necesidades básicas. Denuncia la reducción del espacio y libertades cívicas, el peligro de la situación de confinamiento para los defensores de derechos humanos, el impacto de las medidas de confinamiento en la minería artesanal o las interrupciones en las cadenas de suministro de minerales. En su posicion amiento plantea diversas medidas y recomendaciones.
Las acciones de las redes se centrarán, entre otras, en denunciar las vulneraciones de derechos, realizar propuestas y acompañar a las personas y poblaciones más vulnerables.
Este artículo fue publicado por primera vez en Cristianisme i Justícia el 12 de junio de 2020. Valeria Méndez de Vigo es la Coordinadora de la Red, de Promoción y Comunicación del SJES.
