James E Hug, SJ
¿Tiene West Virginia derecho a agua potable? Más allá de esto, ¿Tiene derecho West Virginia a que sus canales de navegación estén protegidos de contaminantes? ¿Tienen derecho los bosques tropicales o la gran barrera de coral a sobrevivir? ¿Pueden utilizar los distintos países del mundo sus sistemas judiciales para proteger los derechos de la madre Tierra?
Puede sonar a fantasía, pero una importante reunión de líderes internacionales tuvo lugar en Otavalo y Quito (Ecuador) en torno al movimiento por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (“Global Alliance for the Rights of Nature” en inglés) entre el 13 y el 17 de enero de 2014. De acuerdo con el comunicado de prensa de la Alianza Global, la reunión tuvo dos propósitos: “analizar las experiencias de comunidades en Ecuador, Bolivia y los Estados Unidos que ya han implementado ‘Derechos de la Naturaleza’ y para diseñar una estrategia global unificada encaminada a avanzar en los Derechos de Naturaleza en todo el mundo.”
Pocas personas saben que los Estados Unidos es líder en este nuevo esfuerzo por encontrar una manera de oponerse a la degradación ecológica. Municipios de Estados Unidos fueron los primeros en adoptar leyes que establecían estructuras jurídicas que reconocen los derechos de la naturaleza, a partir de 2006 con el ejemplo de Tamaqua Borough, en el condado de Schuylkill, Pennsylvania. Desde entonces, más de dos docenas de comunidades de Estados Unidos han aprobado leyes locales que reconocen los derechos de la naturaleza, incluyendo Pittsburgh, Pennsylvania, que en noviembre de 2010 se convirtió en el primer municipio importante en los Estados Unidos en hacerlo. Esto es tanto más sorprendente dado el obstruccionismo del gobierno del este país en tantos foros ecológicos internacionales.
Además, cerca de 100 organizaciones de base en las Américas, África, Asia, Australia y Europa son miembros de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que logran avances apoyados por el movimiento por los Derechos de la Naturaleza en sus municipios, comarcas, provincias y países. ¿Por qué no sabemos como ciudadanos del mundo más acerca de este movimiento? ¿Por qué no son nuestras universidades católicas activas con este movimiento? ¿Y nuestras escuelas jesuitas de derecho?
Las cuatro docenas de líderes que se reunieron en la cumbre representan diversas disciplinas, culturas, naciones y bioregiones. Entre ellos se encontraban el físico indio Vandana Shiva, el abogado y autor sudafricano Cormac Cullinan, la hermana católica de Estados Unidos Patricia Siemen, OP, el líder indígena norteamericano Tom Goldtooth, el ex embajador boliviano ante la ONU Pablo Solón, y el abogado por los derechos comunitarios en Estados Unidos Thomas Linzey. El grupo en su conjunto estuvo compuesto por economistas, abogados, científicos, líderes indígenas, activistas de la comunidad, monjas, actores, autores y funcionarios públicos provenientes de Australia, Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Canadá, India, Rumanía, Bolivia, Argentina e Inglaterra y Ecuador.
La cumbre concluyó el viernes 17 de enero, con una audiencia pública en Quito, donde se expusieron ocho casos en relación a los Derechos de la naturaleza. Con el profesor de Derecho Ramiro Ávila (Ecuador) sirviendo como fiscal, se buscó la admisión de los casos bajo la Declaración Universal de 2010 de Derechos de la Madre Tierra. Estos casos incluyen el caso de Chevron/Texaco en Ecuador, la explotación del petróleo de Yasuní-ITT en la selva de Ecuador, la destrucción de la Gran Barrera de Coral en Australia, el derrame/vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon (BP) en 2010 en el Golfo de México, la práctica de la fractura hidráulica en los Estados Unidos, la minería del cobre en la Amazonia, la modificación genética de los cultivos, y el bloqueo corporativo gubernamental en las acción a emprender sobre el cambio climático global. Carlos Pérez, de Ecuador, presentó su propio caso de encarcelamiento por proteger el agua como un ejemplo “emblemático de la criminalización por defender la naturaleza.”
Basándose en otros precedentes exitosos acerca los Derechos de la Naturaleza – como el caso en que los derechos del río Vilcabamba fueron violados por su contaminación – el Tribunal proporcionó un modelo en la adjudicación de los derechos de la naturaleza ante los tribunales de justicia.
La Hermana Elisa García, OP, Directora de Comunicación de las Hermanas Dominicas de Adrian en los Estados Unidos, compartió diariamente la Cumbre para el National Catholic Reporter’s Eco-Catholic blog.
Para más información, ir a Global Alliance for the Rights of Nature.
