José Ignacio García SJ
La semana pasada el Parlamento Europeo protagonizó una nueva escaramuza de lo que todavía y es, y será, una larga disputa en torno al Sistema de Comercio de Emisiones Europeo, conocido como EU ETS (por sus siglas en inglés). Se trata de un instrumento regulatorio para controlar los gases de efecto invernadero, fruto del primer tratado de cambio climático, el Protocolo de Kyoto, y que, sin embargo, ha sido una constante fuente de frustración desde sus inicios.
Como se explica en su página web, el ETS es la piedra angular de la iniciativa de la Unión Europea (UE) para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, que son en gran medida responsables del calentamiento global y del cambio climático. Se trata del sistema internacional más importante del mundo de límites máximos de derechos de emisión de dióxido de carbono y afecta a más de 11000 centrales eléctricas y plantas de producción de 31 países, los veintiocho Estados miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como a aerolíneas.
La polémica propuesta quería apoyar el plan de la Comisión Europea para eliminar cientos de millones de derechos de emisión de la UE (AUE) del mercado a partir de 2021. La propuesta fue desestimada por la Comisión de Industria de la Eurocámara. Ahora la esperanza está en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria que podría marcar 2017 como fecha para dar un nuevo impulso a la ETS. Aunque ahora el régimen se encuentra en muy mal estado ahora, repasemos la trayectoria de este instrumento de política para mitigar el cambio climático basado en el principio de “tope y canje.”
Este esquema establece un “tope,” un límite que se establece que el importe total de determinados gases de efecto invernadero que pueden ser emitidos por fábricas, centrales eléctricas y otras instalaciones. Las empresas reciben derechos de emisión, limitados por el “tope,” los subsidios que pueden ser “objeto de comercio,” que puede comprarse o venderse por una de la otra, según sea necesario.
Al final de cada año, el esquema evalúa el volumen de las emisiones producidas con eficacia en comparación con los derechos de emisión incluidos. Si las emisiones son excesivas, las empresas serán penalizadas, pero por el contrario, pueden mantener sus derechos de emisión de repuesto para cubrir las necesidades futuras, o simplemente pueden vender para obtener algún beneficio.
Se prevé que se reduzca el número total de derechos de emisión para el año 2020 deberían ser 21% menor que en 2005, lo que significa que las emisiones realmente deben reducirse también. Pero algunas circunstancias están ocultando la eficacia de este sistema, y algunas dudas están surgiendo en torno a ello.
En primer lugar es el volumen de tope europeo. Se determinó en 2005 para controlar las emisiones de las fábricas y centrales eléctricas que suponen 2000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que representa aproximadamente la mitad de las emisiones de Europa. Pero la crisis económica que sacude el Viejo Continente ha provocado la reducción de la actividad industrial y en consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero: sólo en 2009, las emisiones se redujeron en un 11,6% debido a la recesión .
En abril de 2011, Sandbag, un think-tank por el clima mundial en el Reino Unido, emitió un comunicado de prensa titulado “Una montaña de permisos adicionales continúa creciendo en el régimen de comercio de emisiones de Europa.” El grupo afirmaba que esta situación había hecho que los “ahorros” para futuras emisiones siguieran creciendo – por lo menos 170 millones de toneladas desde 2009, lo que equivalía a las emisiones anuales de carbono que producían 39,5 millones de automóviles, sobre un nivel medio de emisiones de 4,3 toneladas de CO2 por año.
El excedente de derechos de emisión de carbono se ha estimado en un valor de 3,4 millones de euros. Y el superávit podría seguir creciendo, lo que limita la perspectiva futura de la limitación de emisiones. Las empresas tienen que reconocer reducciones mayores en el “tope” para minimizar los efectos de estos ahorros (vinculados a la recesión) y permitir que la eficacia del sistema.
Una dificultad inesperada del mecanismo de comercio de emisiones es su vulnerabilidad. El Sistema está dirigido por sus Estados Miembros (los 27 Estados Miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y último volumen de negocios del año alcanzó 90000 millones de euros. Pero el Sistema tuvo que suspender las actividades de negociación durante dos semanas tras ser atacado por piratas informáticos en enero de 2011. Su descubrimiento llevó a Bruselas a cerrar hasta el día 26 el llamado Sistema de Comercio de Emisiones del conjunto de la UE. Durante la operación contra el sistema de comercio de emisiones de CO2 de la UE se robaron más de 2 millones de toneladas de derechos de contaminación por valor de unos 34 millones de euros. La operación afectó a Austria, la República Checa y Grecia. Austria, que trazó algunos de los permisos robadas en Suecia y Liechtenstein, espera recuperar 725000. Los certificados robados provienen de la cuenta de reserva del registro y no se asocian a ninguna empresa en particular.
A pesar de la cantidad total de los permisos robados en cuenta enero por sólo 0,01 por ciento del tope anual de la UE, los ataques han dañado la reputación del Sistema, aumentando las críticas a la capacidad de supervisar sus operaciones. La Comisión ha exigido a los registros nacionales que mejoren la seguridad antes de la discusión de la propuesta de creación de un registro único para el conjunto de Europa.
No todo el mundo está de acuerdo sobre el uso de un esquema de comercio para controlar las emisiones de efecto invernadero. Si una gran parte del problema sel cambio climático se debe a los mercados, ¿puede el mercado ser la solución? La confianza en los mercados como asignadores “eficientes” de recursos plantea muchas dudas. Pero además del precio, como la señal principal de los mercados está totalmente fuera de orden en el ETS. Con los precios actualmente ronda en 5 euros por tonelada. Por debajo de los 20 o 30 euros, los analistas creen que se necesita para ser un verdadero incentivo para que las empresas muevan las tecnologías menos contaminantes mediante la asignación o la venta de los derechos de emisión para cubrir sus emisiones.
Para países como Alemania y Reino Unido, que buscan la generación de emisiones de carbono cero, tanto de la energía nuclear y renovable, es necesario reducir rápidamente la tapa quitando el excedente de derechos de emisión de carbono. Esto aumentará el precio cumpliendo la expectativa de que el plan podría convertirse en la herramienta eficaz deseado. Pero países altos productores de carbón como Polonia no quieren que esto ocurra antes de 2021.
En cualquier caso, el esquema nunca ha demostrado ser eficiente: originalmente está sobrestimado porque los antiguos países soviéticos recibieron enormes cantidades de derechos de emisión según fundamentos teóricos de aplicaciones industriales; entonces la crisis ha reducido las emisiones sin una reducción paralela de derechos de emisión.
Tendremos que esperar de nuevo hasta 2017 – o 2021 – para ver si el comercio de emisiones tiene ninguna capacidad para limitar y reducir realmente las emisiones. Por el momento, los registros no son muy alentadores.
Esta historia está actualizada de un artículo original que José Ignacio escribió en mayo de 2011 para Europeinfos,el boletín de la Conferencia de Obispos de la Unión Europea y del Centro Jesuita Social Europeo.
