Alicia Alemán Arrastio
El caso del municipio del Ixcán, en el Norte de Guatemala, ilustra bien el fenómeno contemporáneo de una creciente presión sobre el territorio y los recursos naturales que enfrenta la resistencia de la población local, en un contexto de militarización. La acción social es de “resistencia indígena,” articulada en torno a la defensa del territorio y la reivindicación del derecho a la consulta.
La mirada al contexto nacional y regional pone el acento tanto sobre el empeoramiento de las condiciones de seguridad1 en Guatemala, como sobre las condiciones históricas de discriminación estructural hacia las poblaciones indígenas y campesinas, planteadas desde el enfoque del “despojo recurrente.”2
En lo que respecta al acceso y uso de los recursos naturales y el control del territorio, el municipio del Ixcán se enfrenta a una batería de proyectos, como son la construcción de centrales hidroeléctricas, la introducción de las industrias extractivas (particularmente, el petróleo) y la expansión de la agroindustria (especialmente, el aceite de palma), que son promovidas por el gobierno dentro del proyecto Franja Transversal del Norte, asociado a la expansión del Plan Puebla Panamá para el istmo centroamericano.
La población local, en su mayoría indígena y campesina, articula su acción social en torno a la defensa de la tierra y el territorio y lidera una resistencia frente a un modelo de desarrollo que colisiona con las formas de concebir la vida y las relaciones con la naturaleza propias de su cosmovisión, amenazando directamente unas formas de vida y unos modos de producción y consumo asentados sobre unos conocimientos y usos tradicionales, más propios de la “economía campesina.”3
La estrategia de resistencia indígena se ha ido organizando en torno a tres grandes ejes: las consultas comunitarias, la acción política y los diagnósticos comunitarios. La cuestión, todavía pendiente y altamente problemática, de la titularización de la tierra continúa siendo uno de los principales desafíos de acción social y un ámbito de especial vulnerabilidad para las familias y las comunidades.
Las consultas comunitarias constituyen el ejemplo más visible y reconocido de resistencia, como se observa para el caso de la represa Xalalá4. La falta de reconocimiento a la validez jurídica de estas consultas continúa siendo un importante desafío y un punto de especial controversia con el Estado. El reconocimiento del derecho a la consulta en el ámbito internacional (Convenio 169 de la OIT y Declaración de los Pueblos Indígenas), sin embargo, fortalece la postura de la población local. Por otra parte, la acción política de las comunidades es percibida aún como frágil y desarticulada. Está debilitada por las duras condiciones del contexto político, las condiciones de empobrecimiento y vulnerabilidad de las mayorías y factores diversos (como personalismos y rivalidades internas). Finalmente, a través de los diagnósticos comunitarios, se trata de poner en valor las riquezas materiales e inmateriales del territorio, favorecer la unión, la identidad y la toma de conciencia con respecto a los desafíos.
En el Ixcán se da una notable densidad y diversidad de organizaciones de la sociedad civil. Conviven organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos y la reparación, protección del medio-ambiente, la promoción del desarrollo y también es notoria la presencia de las iglesias. Algunas de estas organizaciones han sido activas en el acompañamiento para la reivindicación del derecho a la consulta y la acción política, mientras otros han promocionado la introducción de la palma africana o de los proyectos hidroeléctricos y extractivos. La criminalización de la protesta social es una amenaza creciente en el Ixcán.
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1 Es imprescindible informar aquí del empeoramiento de las condiciones de seguridad en Guatemala. El Ixcán es uno de los municipios guatemaltecos donde hay presencia tanto de poderosos y emblemáticos grupos de narcotraficantes (como los Zetas) como de las fuerzas de élite del ejército Guatemalteco llamados los “kaibiles.”
2 “Despojo recurrente” es una expresión utilizada por la autora Liza Grandía para referirse al proceso histórico de pérdida de control sobre las tierras que ha experimentado el pueblo q’eqchí desde la época de la invasión española.
3 Para una aproximación al tema, ver por ejemplo Goméz-Baggethun, E. “Perspectivas del conocimiento ecológico local ante el proceso de globalización”, en Álvarez Cantalapiedra, S. (coordinador). Convivir para perdurar. Conflictos ecológicos y sabidurías ecológicas. Barcelona: Icaria Editorial, 2011.
4 CIFCA. Xalalá. ¿Desarrollo para todos? Impactos y obligaciones en derechos humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y represa de Xalalá. Bruselas: CIFCA, 2008.
Sra. Alicia Alemán Arrastio trabaja con la Fundación Alboan , una ONG jesuita en España que promueve la cooperación para el desarrollo en países del sur y norte y proporciona apoyo a través de la educación y la formación que promuevan la justicia, fortalecimiento de grupos de personas trabajando para el cambio social y colaborando con otras organizaciones para influir en las políticas públicas para el desarrollo humano.
