Jessica Nitschke
Casi 1.400 millones de personas en el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día. En América Latina y el Caribe, el 0,5 por ciento de la superficie forestal se pierde cada año. Teniendo en cuenta estos hechos, responsables políticos de todo el mundo y organizaciones de la sociedad civil se reunirán en una conferencia que se llevará a cabo en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012, bajo los auspicios del Departamento de asuntos económicos y Sociales de Naciones Unidas. Esto es lo que se conoce como Río+20, ya que se lleva a cabo en el 20 º aniversario de la Conferencia de Medioambiente y Desarrollo de Naciones Unidas o CNUMAD. Las organizaciones no gubernamentales, representantes de los gobiernos y otros agentes sociales discutirán dos temas principales: una economía verde al servicio del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
En 1992, los Estados aprobaron en Río la llamada Agenda 21 un plan para repensar el crecimiento económico, avanzar en la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente. La nueva reunión también se va a ocupar de la equidad social y protección del medio ambiente, pero ahora vincula explícitamente estos objetivos con la reducción de la pobreza, en el contexto de un planeta cada vez más poblado.
En vista de estos desafíos, la CIDSE, una alianza internacional de dieciséis agencias de desarrollo católicas de Europa y América del Norte, ha fijado posiciones. En su informe El cambio que necesitamos para el mundo que queremos las organizaciones miembro de CIDSE, que trabajan en más de 120 países de todo el mundo, sostienen que Río+20 debe poner en marcha una acción internacional en los ámbitos de seguridad alimentaria, el cambio climático, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y el sector privado y las finanzas, para hacer frente a las condiciones estructurales del desarrollo sostenible. En el caso de la seguridad alimentaria, por ejemplo, una condición esencial es supervisar y regular las prácticas de producción industrial de alimentos que causan un daño significativo del medio ambiente, incluido el cambio climático. La CIDSE argumenta que poner el sector de la alimentación más al servicio de la sociedad implica un mayor énfasis en los sistemas locales de producción de alimentos, y los mercados locales.
Una segunda condición se refiere al sector financiero. La especulación en los mercados financieros debe ser regulada, y reorientar todo el sector, de modo que las finanzas pueden otorgar créditos para actividades que promuevan el desarrollo sostenible. En este contexto, la CIDSE considera crucial para desarrollar este marco la cooperación en la supervisión bancaria internacional para la regulación de los mercados de productos básicos. También es necesario promover el sector privado a pequeña escala para continuar ofreciendo empleo e ingresos para cientos de millones de personas pobres.
La CIDSE argumenta la necesidad de llegar a un acuerdo en 2015 con un marco sólido de un desarrollo sostenible, que sea implementado de manera que sea vinculante en virtud del derecho internacional, y que por lo tanto, puede asegurar los derechos humanos de las generaciones futuras. Sólo de esta manera puede Río+20 lograr sus objetivos individuales, promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
La autora es miembro del equipo del Centro Social Europeo de los Jesuitasen Bruselas.
